“La violencia se manifiesta en el hogar, pero también es estructural, está en el sistema y la vemos en la calle, en la escuela e incluso cuando se requiere atención médica, pues no hay ninguna posibilidad legal para que una persona pueda acceder a un servicio de salud para hacer su transición sexual en el país. Tampoco es posible el cambio de nombre en el DNI y, sin embargo, este grupo tiene más probabilidad de ser asesinado”, comentó.

La Defensoría del Pueblo indicó que, pese a esa situación, los crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBTI no están tipificados en el Código Penal. Además, a pesar de la recomendación de la ONU, esta población –cerca del 8% de peruanos– tampoco ha sido incluida en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el principal instrumento de protección y defensa de las poblaciones vulnerables.

La vinculación entre la sexualidad travesti y el binomio peligro/riesgo, es algo con lo que se convive cotidianamente de manera tal que el riesgo por infección de VIH, se convierte en uno más entre tantos otros, que van por delante del VIH. En este sentido, las acciones de prevención de VIH/SIDA orientadas hacia la población travesti, deben preguntarse sobre los alcances y significados que la palabra ‘riesgo’ implica para este grupo. Sometidas a duras condiciones de existencia y trabajo, en medio de un escenario de violencia, clandestinidad y ‘rufianismo’, el SIDA es uno de los tantos riesgos posibles en su cotidianidad. Paras las travestis que ejercen el trabajo sexual, la prioridad, más que preocuparse por consecuencias futuras de las prácticas del presente –entre las que puede interpretarse el cuidado de la salud- es preservar su integridad física, constantemente amenazada por la violencia social, la cual las instala en la necesidad de sobrevivir diariamente.

Otros dos rasgos caracterizan con igual relevancia la emergencia sanitaria que asola a las comunidades trans en Latinoamérica.

En primer lugar, la incidencia de las modificaciones corporales producidas por la inyección de silicona de uso quirúrgico e  industrial, que ocasiona una tasa altísima de morbi-mortalidad trans.

Esta tasa responde, por un lado, a las consecuencias inmediatas de la propia aplicación (por ejemplo, cuando la silicona ingresa accidentalmente en el flujo sanguíneo) o a las consecuencias de esa aplicación a largo plazo (por ejemplo, por el desplazamiento de la silicona, su infiltración en el tejido muscular, hepático, cardíaco, pulmonar y/o renal). La administración de silicona es una biotecnología de modificación corporal de alta accesibilidad y bajo costo relativo –siendo inyectada, habitualmente, por otras trans especializadas en su aplicación. Su utilización está determinada tanto por las necesidades planteadas por el trabajo sexual como por necesidades de orden comunitario, allí donde la transformación corporal es decididamente asociada con la pertenencia a una comunidad que no es otra que la comunidad de supervivencia. La remoción de la silicona industrial requiere de un conjunto de intervenciones quirúrgicas de gran complejidad técnica y elevado costo económico, lo cual las vuelve por lo general inaccesibles para el común de las trans necesitadas con urgencia de esa remoción bajo peligro de muerte.

En la época prehispánica, la homosexualidad era bien vista en algunas etnias como en otras no pero a diferencia del hombre, la mujer gozaba de mayor libertad sexual viendo el lesbianismo como algo natural mientras que los hombres tenían un lugar especial donde mantenían relaciones sexuales.

En la época colonial, la homosexualidad se volvió un tabú en la sociedad virreinal haciendo frente a temas controversiales como este con el catolicismo haciendo que estos se reprimieran frente a la sociedad y practicaran su sexualidad clandestinamente o podían ser arrestados y ejecutados por la Santa Inquisición.

Actualmente, desde 1924 es “legal” ser homosexual en el Perú, desde aquel año se comenzó a tomar en cuenta la no discriminación por la orientación sexual, sin embargo esto prácticamente es imposible ya que a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales los siguen viendo como “fenómenos” y muchas veces el expresar su sexualidad lo hacen ver como “aberraciones de la naturaleza”.

Hace unos días se archivó una ley importantísima ya que el cambio en la sociedad entera peruana cambiaría radicalmente, la ley de la unión civil. A pesar de ser archivada, la lucha de sus impulsadores sigue en pie y es porque ser de una opción sexual diferente a la del heterosexual en el Perú es “malo”

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del temible sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), tiene mayoritaria presencia entre la población joven. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), hasta setiembre de este año, más del 50% de los portadores del VIH en el país corresponden a personas de entre 20 y 34 años.

Asimismo, el sector Salud indica que, según recientes estudios hechos en nuestro medio y estimaciones internacionales, por cada mujer infectada hay tres hombres portadores.

Si bien en los últimos años las curvas del número de contagios y de muertes por VIH/sida han disminuido en el país, la incidencia de este problema de salud pública en la población joven es alta..

“Si tuviésemos que describir el perfil de la persona peruana promedio que vive con el virus, diríamos que se trata de un varón joven con conductas de riesgo”

Las principales conductas de riesgo son tener relaciones sexuales sin usar preservativo (condón) y tener muchas parejas sexuales. También lo son el abusar de drogas y alcohol, que evitan que la persona controle sus actos y la vuelven proclive a practicar sexo sin protección.

Según estimación de ONU Sida, el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la lucha contra este mal, hasta diciembre del 2012 había en el mundo unos 35 millones de portadores del VIH, de los cuales 22 millones estaban en el África y 1’700.000 en América Latina. La misma organización estima que a esa fecha el Perú tenía unos 76.000 portadores del VIH.

Dependiendo de las leyes existentes en el país, los trabajadores sexuales pueden estar regulados, controlados o prohibidos. En la mayoría de países, incluso entre los que han legalizado la prostitución, los trabajadores sexuales están estigmatizados y marginados, lo que puede dificultarles la búsqueda de apoyo legal en caso de discriminación (p.ej. discriminación racial por parte del dueño de un club de striptease), impago por parte de un cliente, agresión o violación. El término surge a raíz de la defensa, sobre todo inicialmente por parte de los colectivos implicados, del argumento de que los trabajadores sexuales deben tener los mismos derechos humanos y laborales que cualquier otra clase de trabajador.4

Por ejemplo, el Gremio Canadiense para el Trabajo Erótico es un grupo de presión que exige la legalización del trabajo sexual, la eliminación de las regulaciones estatales sobre el mismo, a las que consideran más represivas que las impuestas a otros empleados y negocios, el derecho al reconocimiento y la protección bajo las leyes regulares de empleo, el derecho a formar e integrarse en asociaciones y sindicatos profesionales (sobre todo a fin de poder participar en negociaciones colectivas), y el derecho a viajar y cruzar fronteras legalmente con finalidad profesional. Argumentan también que la legalización del trabajo sexual permitirá llevarlo a cabo en circunstancias mejor organizadas (burdeles legales), en las que las regulaciones exigibles por ley (como el uso obligatorio de condones y las revisiones médicas obligatorias a los trabajadores) ayudarán a reducir la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

En Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y el estado norteamericano de Nevada, los trabajadores del sexo están reconocidos por sus gobiernos. Allí, el término "trabajador sexual" es usado frecuentemente por aquellos que apoyan los derechos legales y económicos de dichos trabajadores.

El crecimiento del turismo sexual ha llevado a un gran incremento de la industria del sexo. El turismo sexual ilegal con menores (tanto niños como niñas) se ha convertido en un problema notorio en Costa Rica y Tailandia. Además en Costa Rica es cada vez más notorio el negocio de la prostitución (tanto masculina como femenina) y el striptease (el cual lo práctican muchos hombres, incluso estrellas de la televisión de Costa Rica lo practican o han practicado, ejemplos, son Berny Madrigal, Bryan Ganoza, ambos del programa de televisión Combate de la cadena Repretel) y cada vez es más la presión hacia el Gobierno para dar marcha a la legalización de la prostitución, pero aún se oponen diputados religiosos. En otras partes, las industrias de sexo legal (es decir, con mayores de edad y consensuado) suponen una aportación importante a la economía local de algunos centros urbanos. Un ejemplo es el barrio de Reeperbahn en Hamburgo, una zona de prostitución legalizada que paga impuestos y da servicio a turistas de todo el mundo.